POR José Inés Figueroa Vitela
Suena a eufemismo, eso de que exista un Tribunal Superior de Justicia del Estado o una Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Desde la integración de ambas instancias jurisdiccionales, copadas en sus plenos por personajes que, cuando no responden a los intereses de quienes ahí los pusieron, es el mejor postor quien marca el destino de impunidad, entramos en un estado de indefensión.
En el aquí y ahora doméstico, podemos ir repasando los oficios por los que llegaron cada uno de los Magistrados tamaulipecos, íntimamente ligados al destino de sus resoluciones, para corroborar lo podrido del sistema.
Ahora que los de la reacción panista, se pusieron con la piel muy sensible respecto de los títulos y las tésis, volvió a salir el tema de a quien hicieron Magistrado y Presidente del Tribunal Superior en el pasado sexenio.
El título del abogado de HORACIO ORTIZ RENÁN tiene fecha del 2021, lo que inhabilitaría todas sus actuaciones y las de la corte estatal, durante todo el sexenio pasado; entrar al tema de su verdadero nombre, reduce a peor condición el ejercicio jurisdiccional espurio.
¿Ha contado los mensajes de los hermanitos CABEZA DE VACA, enviados y reenviados, a su nombre, de los bots a su servicio y beneficiarios del presupuesto robado a los tamaulipecos atacando supuestas faltas académicas?
Los dos, en sus curriculum, exhibidos en las páginas del Senado y del gobierno estatal, ponen títulos profesionales y hasta presumen de postgrados, que tampoco existen en los registros oficiales de profesionistas.
Pero esa es otra historia.
El hecho es que el aparato judicial está podrido, infiltrado, corrompido, desgastado, inoperante, hasta el punto irreductible de hacerse impostergable su extirpación para dar paso a una transformación profunda.
Claro, no se puede desaparecer el Poder Judicial de un plumazo, sin darle argumentos a la oposición de que se trata de la imposición de un régimen autoritario, que transita hacia la desaparición de las garantías individuales.
Para sanear el sistema nacional de justicia, se necesita que los diputados todos, se pongan la camisa del pueblo, adopten su representación verdadera y sancionen todos los excesos cometidos desde, o al amparo de, el andamiaje jurisdiccional.
Es algo que el grueso de los ciudadanos ya entendieron y, eventualmente, en las elecciones del año entrante le darán tantos votos a MORENA y sus aliados, como los suficientes para alcanzar las dos terceras partes en las cámaras y poder proceder.
Con esa, llamada “mayoría calificada”, el Congreso va a poder enjuiciar a los Magistrados y Jueces, al Auditor Superior y los especiales, al Fiscal y los vicefiscales, a los Magistrados y Consejeros Electorales, todas esas figuras que aquí tienen nombre y apellido, asociado a no pocos delitos.
Cuando encarcelen a los primeros, los demás van a salir huyendo como ratas en naufragio y se les va a acabar esa risa burlona, con la que siguen operando impunemente al servicio del delito.
Se pensaba que con el arribo del nuevo gobierno, era algo inevitable, que iba a pasar pronto, pero la madeja de complicidades ha ido postergando el ejercicio de la justicia, hasta el punto que están maquinando exhoneraciones y hasta volver a meter a la carcel a los justos, como cuando fueron gobierno.
En un asomo de cinismo, el Fiscal General IRVING BARRIOS, por órdenes del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, primero hizo circular la versión de que tenía abiertas investigaciones contra altos funcionarios de la UAT.
Luego se hizo publicar, muy cerca del Rector GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS, hablando de “convenios de colaboración”, mientras “el equipo de prensa” que mantiene el exgobernador, presiona para seguir saqueando el Alma Mater.
Otra evidencia de las aviesas intenciones cabecistas, en estos días, la dió el “Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción”, quien se mantiene en el cargo, amparado por el mismo Juez que ha librado de la carcel al exgobernador en repretidas ocasiones.
RAÚL RAMÍREZ, a quien por mandato judicial no pueden mencionarlo en sus miserias los servidores público, mandó decir en una “inserción pagada”, que ya tiene muy avanzadas las investigaciónes “para determinar si en verdad se cometieron delitos durante el pasado sexenio en el gobierno estatal”.
Nadie tiene duda –podría asegurar que menos él como cómplice- de todos los delitos que cometió el exgobernador, sus hermanos, cómplices y colaboradores en contra de los tamaulipecos y su patrimonio.
Personalmente, yo tampoco dudo de cual va a ser la resultante de su actuación: otra declaración de inocencia. Para eso lo tiene ahí CABEZA DE VACA amparado por el juez federal de Reynosa.
De esto y de aquello hablamos en la última mesa de análisis de los viernes en el principal noticiero radiofónico regional; el de ORT noticias.
La semana pasada se presentó el nuevo sistema de seguridad y justicia que impulsa a nivel nacional el gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, adoptado aquí por el de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.
Centralmente considera la reinstauración del Policía de Proximidad –el eventual regreso de la policía municipal preventiva- y el Juez Cívico, que podría asemejarse a lo que se llamaba el Juez de Paz, de Barandilla, o Calificador.
Figuras históricas que, sin embargo, en el nuevo modelo, llevan intrínseca una transformación total, para convertirse en auténticos agentes de cambio, del ejercicio auténtico de la justicia, en la búsqueda de soluciones de largo aliento.
Entre las llamadas del público del programa del último viernes en radio, no faltó quien cuestionó la necesidad de tener más policías y jueces, dadas las experiencias vividas en torno a esas figuras.
Precisamente, se trata de hacer justicia, a pesar de los jueces y los tribunales tradicionales, que perdieron su razón de ser y están al servicio del dinero y los poderosos, delincuentes metidos a la política.
Que así sea.
En el campo de la investigación, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en coordinación con otras instituciones educativas, de los estados que convergen en la region huasteca, desarrollaron estudios sobre la vivienda de esta cultura prehispánica.
La intención es que las comunidades originales de la zona común entre Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Querétaro, recuperen la composición de sus viviendas con materiales naturales de la region, potenciando su uso en las mejores condiciones.
Alternativa que podría extenderse a otras areas urbanas y rurales, aprovechando la disponibilidad de la material prima, sus beneficios y mejoramiento a partir del resultado de las investigaciones universitarias.