POR José Inés Figueroa Vitela
En su último oficio, pretendiendo evadir sus responsabilidades legales y hacer cumplir el mandato de quien sigue viendo como su patrón, el Auditor Superior del Estado transcribió el párrafo tercero de la Ley de Fiscalización del Estado.
“El Congreso deberá concluir la revisión de las Cuentas Públicas a más tardar el 15 de diciembre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del Informe General y los individuales que emita la Auditoría, sin demérito de que el trámite de observaciones, recomendaciones o acciones promovidas por la propia Auditoría, seguirá su curso en términos de lo dispuesto por la Constitución y esta ley”.
Según JORGE ESPINO ASCANIO, esa era la motivación por la que no podría entregarle a los diputados, las últimas cuentas públicas que mandó aprobarle al exgobernador y sus compinches, habída cuenta que “hay procedimientos sancionatorios en curso que imperan secrecía”.
Por supuesto que no hay irregularidades o sanciones que se hayan fincado al exgobernador, cuando que, ni cuando se las aprobaron, ni en los informes posteriores, el Auditor dio cuenta de ellos, a la Comisión legislativa de Vigilancia.
Independientemente de eso, el mismo artículo pone a cada cual en su lugar.
Si el Congreso tiene hasta el 15 de diciembre de este año, para concluir la revisión de las cuentas públicas del 2 mil 21 “con base en el análisis de su contenido”, adicional a sus informes, que él mismo ha dicho, “es mucho”, ciertamente urge que ya le pase los paquetes a la Comisión de Vigilancia.
El artículo de marras se lo ordena hacerlo y no lo exculpa de cumplir, como ha pretendido la última semana.
Más aún, el primer párrafo del mismo artículo -si lo leyó-, abunda en respuestas contra sus evasivas.
Dice que les cuentas públicas se deben dar en forma “impresa y en un archivo electrónico de datos que permita su uso informático y facilite su procesamiento”.
Por eso, no aplica aquello de que al funcionarios se le hace “muy pesado y bromoso” llevar tantos papeles al Palacio Legislativo; los diputados ya se lo dijeron, con los discos de los archivos es suficiente.
ESPINO está entrampado en sus propias marañas y ya no tiene para dónde hacerse; cada que busca una excusa, complica más a sus ascendentes fácticos.
Ya analizando la ley, puesta en su propia boca, resulta que la revisión adelantada de la cuenta pública, sobre informes parciales, sirve para irle avanzando al trabajo, pero no para calificarla, como lo hizo y lo aprobaron los diputados panistas en pleno.
Ello, independientemente de la irregularidad en que incurrieron, con las penas que resulten, quiere decir que en realidad no hay nada aprobado de las cuentas 2 mil 21, con las que pretendieron dar él albazo y todo es sujeto de revición.
No solo el desaseado trabajo del auditor, sino el manejo mismo de los recursos públicos durante la pasada administración panista.
Insistiré, seguimos hablando solo de la cuenta parcial del 2 mil 21, porque desde el primer día del pasado gobierno se cometieron irregularidades y en el caso de la ASE, no solo en el pretendido ocultamiento de esa cuenta, están sus excesos punibles.
La opacidad con que se maneja, no oculta la infinidad de delitos al amparo de la institución, solo con poner LOS HECHOS, de frente a los dichos del titular.
Cuando a la página oficial se le requiere información, manda a la Plataforma Nacional de Transparencia, donde no hay datos concluyentes y en no pocas ocasiones se manda a terceras instancias.
No es sencillo llegar a la página 54 del Presupuesto de Egresos del Estado, publicado, entre otros temas, por el Periódico Oficial del Estado, donde se exhibe el tabulador de percepciones en la ASE, que no se imprime en su página.
Ya ahí, te das cuenta que no son 220 -como declaró ESPINO-, sino 281 empleados, y no 100, sino 106.6 millones el presupuesto que ejerce, que de al 80 por ciento asignado a salarios, daría para pagar hasta el tope del tabulador y compensaciones.
Del Auditor no hay margen a la especulación: 137 mil 170 pesos mensuales es su pago bruto; el notificador, al piso de la tabla, gana entre 4 mil 327 y 7 mil 812 nominalmente y no están obligados a darle compe, pero pueden dársela hasta de 12 mil pesos adicionales.
Los panistas y sus parientes, ocupan no solo la nómina pública permanente; también los “contratos de servicios profesionales” están colmados de apellidos “conocidos”, que unos, dicen, son “aviadurías” para pasar dineros de una bolsa a la otra y otros, aseguran, sirvieron para cubrir servicios electorales en campaña.
El año pasado -cuando se renovó la gubernatura-, la ASE firmó 151 contratos de prestación de servicios con presuntos profesionistas.
La presunción surge de que en los contratos, “bajados” de la plataforma nacional de transparencia, en muchos casos está censurada la profesión y en algunos exhibidos, resulta que “estudiaron” en la escuela platito del tío, no cuentan con cédula profesional y/o su “experiencia” se reduce a “servicios profesionales independientes”.
Ahí están hasta el ex esposo de la hijastra, consanguíneos, hermanos e hijos de exalcaldes, ex regidores, ex dirigentes, funcionarios y representantes electorales panistas.
El “brazo derecho” de ESPINO en la ASE, es el Auditor Especial de Desempeño, UBALDO GUZMÁN, quien regresó a Tamaulipas en el presente sexenio, luego de andar de funcionario en ayuntamientos panistas veracruzanos.
Su padre, del mismo nombre, fue alcalde panista de El Mante, de donde salió para ser encarcelado, porque otro Auditor le encontró irregularidades en sus cuentas públicas, vaya paradoja.
Los resultados de Auditorías que se exhiben en la página de transparencia, son las que se han practicado a la misma dependencia, no las que esta ha hecho y resulta que, en ninguna, se ha encontrado irregularidad alguna, para variar.
El Auditor externo, es del Despacho AJ SANEZ & CIA, de ARTURO DE JESÚS SANEZ GARZA, gente muy cercana a la Universidad Tecnológica de Tamaulipas del Norte y el mismo, que estuvo en el equipo de transición del exgobernador. quien Aparece igual, auditando al Tribunal de Justicia Administrativa, que al DIF estatal y al IPSSET, por citar algunos ejemplos, de la forma como en el pasado sexenio, le ganó a Shakira en eso de facturar y a ESPINO, en aquello de maquilar auditorías, para justificar el saqueo.
La patología de la mentira, no se sabe a ciencia cierta si se la contagiaron, o con esa identidad se encontraron, en mala hora, para iniciar la carrera delictiva en contra de los tamaulipecos, que no acaba de determinar.
En el estrecho espacio, para tanta información, solo abundaré que la mentada maestría -una, no cinco como dijo-, fue una que impartió la UAT, inicialmente, para funcionarios del gobierno cabecista, en el 2 mil 17.
Se volvíó obligatoria, pero la mayoría no asistió a la mayoría de las clases impartidas.
A ESPINO ASCANIO, y solo a él, el entonces Rector, tres años después de haber iniciado los cursos, le dio un título de maestría, pero nunca dio muestras de haber aprendido algo.