Publican reforma de «supremacía constitucional» tras el aval de los Congresos estatales

  • En la Carta Magna ahora está de manera explícita que el juicio de amparo es improcedente contra reformas o adiciones a la Constitución

Ciudad de México.- El Gobierno federal publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma de «supremacía constitucional», la cual fue aprobada previamente por el Congreso de la Unión y avalada por 23 legislaturas estatales. Con esta reforma, queda establecido que la Constitución no podrá ser impugnada, consolidando así el marco legal y la función del poder reformador en México.

La Cámara de Diputados aprobó la reforma tras recibir los votos de los congresos estatales de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México. La sesión en la Cámara fue semipresencial y reunió el quórum legal de 251 diputados, quienes declararon la reforma aprobada en un acto de apenas 14 minutos.

Diputados avalan ‘supremacía constitucional’

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, destacó que esta reforma representa “la transformación más profunda en 200 años del sistema de justicia en México”. Subrayó que la reforma garantiza que el poder reformador de la Constitución es inapelable y que ninguna autoridad judicial, sea juez, magistrado o ministro, puede anular lo establecido en la Carta Magna.

En su discurso, Monreal señaló que “es falso que esta reforma elimine el juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales. Esas instituciones permanecen intactas; lo que hemos hecho es confirmar que el poder reformador de la Constitución actúa sin límites de intervención judicial”. Agregó que la reforma responde a la intención de algunos jueces de interpretar la ley de amparo de forma que permita impugnar modificaciones constitucionales, lo cual calificó como un abuso del poder judicial.

“Frente al abuso de la toga, la ley; frente al abuso de magistrados y ministros, la Constitución”, sentenció Monreal, insistiendo en que el proceso fue realizado de manera institucional y pacífica, conforme a los procedimientos establecidos por la Carta Magna.

El siguiente paso en el proceso es la aplicación de la reforma a nivel nacional, con la vigilancia de su cumplimiento tanto por el Poder Legislativo como por el Ejecutivo. Se espera que esta modificación impacte los procedimientos judiciales de amparo y acciones de inconstitucionalidad, poniendo un límite a las intervenciones judiciales en el marco de las reformas.

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