Ciudad de México.- Desde junio del año pasado, los reportes fiscales del club Santos Laguna alertaron al Servicio de Administración Tributaria (SAT). De acuerdo con fuentes federales, los directivos maquinaron en 2017 un esquema para evadir la retención del impuesto sobre la renta (ISR) de 54 millones de pesos, con el cual integrantes del cuerpo técnico y jugadores percibieron pagos con el rubro de primas indemnizatorias de riesgo de trabajo, cuando en realidad se trataba de salarios. Como sucedió en 2018 con los Tiburones Rojos del Veracruz, la investigación volvió a ahondar en la sospecha de operaciones fuera de la ley en el futbol mexicano.
En el caso del conjunto lagunero, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó el miércoles pasado que la institución pretendió deducir 97.6 millones de pesos en 2014 por concepto de contrato colectivo de trabajo, pero el SAT rechazó el procedimiento. Asimismo, el TFJA reveló que Santos dedujo de manera ilegal los montos emitidos a otros equipos por los derechos federativos de jugadores, los cuales fueron registrados como bienes intangibles, así como la existencia de una empresa para la búsqueda de talento, cuya operación no se comprobó.
Acción mediática
Por medio de diferentes recursos jurídicos, la directiva de los Guerreros rechazó la indebida calificación de ilegalidad que se pretende hacer mediáticamente y celebró el sábado que los magistrados determinaran reducir a menos de un tercio la cantidad que el SAT señaló en un inicio por el ejercicio de 2014. El club reitera su legítima convicción de que no tiene deudas con (la Secretaría de) Hacienda (y Crédito Público, SHCP), ya que ha cumplido estrictamente todos los preceptos, pagos y procedimientos establecidos por la legislación vigente en materia fiscal, expuso en un comunicado.
En agosto de 2018, la SHCP–por medio del sistema tributario– abrió una investigación contra el club Tiburones Rojos del Veracruz por la presunta existencia de dobles contratos y la posibilidad de que esto pudiera derivar en defraudación fiscal. Tras renunciar al cargo sin contrato físico, el técnico Guillermo Vázquez desveló que el empresario y entonces dueño de los escualos, Fidel Kuri, incumplió un acuerdo verbal en el que la cantidad (50 mil pesos) registrada ante la Federación Mexicana de Futbol (FMF) iba a ser diferente a la que en términos reales ganaría.
Me dijeron que tenía que firmar un contrato federativo, aparente, en el que aparecía una cantidad mínima y en el contrato del club iba a venir el resto que acordamos. Eso estábamos peleando, aseveró Vázquez al presentar su caso ante la Comisión de Controversias de la FMF. Con ello, la Liga Mx ordenó una auditoría realizada por la consultora británica Ernst & Young, la cual derivó más tarde en la desafiliación del Veracruz. Afectados por impagos hasta de siete meses de sueldo, jugadores e integrantes del plantel empezaron a tener claridad sobre el pago tres años después, aunque sólo con una parte.
Yo no encuentro la ilegalidad de los dobles contratos. Tengo muchos años en el futbol y no he visto negociaciones turbulentas como las que intentaron mencionar. En el afán de hacerlo noticioso, embarraron un montón de cosas, expresó el ex vicepresidente deportivo de los Tiburones, Mario Trejo.
AMPFro, entre deudas y pagos
Para las autoridades deportivas, el contrato que celebran futbolistas y clubes es el único que tiene validez y por el cual se pueden dirimir controversias como incumplimiento de pago, adeudos o recisiones de forma unilateral. En el caso del segundo acuerdo, que no está registrado y cuya cantidad suele ser mayor, los profesionales pueden acudir a las juntas de conciliación laboral civiles para su resolución.
Fundada en 2017, la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFPro) propuso en una asamblea la creación de un convenio colectivo de trabajo para evitar más conflictos por dobles contratos. Por siete años el proyecto se ha mantenido en el mismo punto, pese a las diferentes mesas de diálogo. En el caso de Veracruz, nosotros ayudamos a que se reconociera un segundo y tercer acuerdo que tenían los jugadores por fuera, porque el que registrado en la FMF ya se les pagó. Lo que está en la deuda son los otros, explicó a La Jornada el presidente de la AMFPro, el ex futbolista Álvaro Ortiz.
Mientras Kuri fue vinculado a proceso en 2021 por el delito de fraude procesal, otros órganos de vigilancia, como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), entregó citatorios desde junio de 2018 a las 17 entidades de la Liga Mx por presuntas prácticas monopólicas en los contratos de jugadores, incluida la Femexfut. Personal de Cofece acudió a las oficinas de cada una para hacer válida la diligencia con personal administrativo.
Pacto de caballeros
Producto de un largo proceso de revisión, el organismo antimonopolios sancionó en 2021 con 177.6 millones de pesos a los 17 clubes de primera división, la FMF y ocho personas físicas por coludirse en el mercado de fichajes. Una de las conductas sancionadas consistió en la segmentación de transferencias de los jugadores, en la que los equipos inhibieron artificialmente la competencia por su contratación, con un acuerdo que restringió indebidamente su movilidad laboral, el denominado pacto de caballeros.
Si un club distinto estaba interesado en contratar a determinado futbolista, necesariamente debía obtener la autorización del primer equipo que lo tenía en su inventario y, a menudo, pagar una contraprestación por el cambio. Lo anterior contradice la versión de la AMPFro sobre la existencia de dicho acuerdo aun en estos días. Aunque fue uno de los grandes problemas del futbol mexicano, logramos quitarlo en 2018 mediante un reglamento de transferencias, que ya es público en la página de la federación, afirmó Ortiz. Ninguno de los equipos sancionados por Cofece impugnó la resolución.
Cruz Azul y otros casos
A principios de 2011, una serie de auditorías a petición de un grupo de cooperativistas de Cruz Azul arrojó varias irregularidades financieras en la institución. Los resultados de dicho arqueo, entregados meses antes al entonces presidente Guillermo Álvarez –hoy prófugo de la justicia–, indicaron que la nómina de aquel plantel era pagada a los jugadores por medio de una empresa distinta a la razón social con la que figuraba el equipo ante la Liga Mx.
Además del SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP inició desde entonces varias investigaciones a directivos del equipo. Así, en mayo de 2020, la UIF congeló las cuentas bancarias de funcionarios de la cooperativa al detectar movimientos irregulares por más de mil 300 millones de pesos, presuntos esquemas de lavado de dinero y la compra de jugadores a sobreprecio.
Las acciones del organismo se basaron en denuncias presentadas en abril de 2019 por disidentes de la cooperativa ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los hermanos Guillermo y Alfredo Álvarez Cuevas y Víctor Garcés por administración fraudulenta. Apenas en mayo pasado, la propia FGR abrió una nueva indagatoria sobre Alejandro Irarragorri Gutiérrez, presidente del consejo de administración de Grupo Orlegi (propietario de Santos y Atlas) por un supuesto fraude al fisco por 17 millones 69 mil 865 pesos.
El delito que se imputa al empresario mexicano no amerita prisión preventiva y, en caso de que un juez de control lo vincule a proceso en su próxima audiencia, enfrentaría el proceso en libertad. La FMF, que se ha mantenido al margen (como en la mayoría de casos) no considera sanciones inmediatas ante la posibilidad de que algún afiliado se vea involucrado en una acción penal por delitos fiscales. La sentencia firme de un juzgador es el único recurso para proceder a la desafiliación.